Resumen
La Contraloría General de la República revisó la petición de reconsideración de una profesional contratada por una universidad estatal, cuya contrata fue renovada solo hasta el 5 de junio de 2011, pese a que el sistema intranet de la institución informaba una vigencia hasta diciembre de ese año. El organismo constató que la resolución que extendió la contrata fue dictada en forma extemporánea y que, al estar exenta de toma de razón, solo recibió una anotación material. Además, la funcionaria siguió desempeñándose hasta que se le obligó a dejar sus funciones, y los registros de personal la mostraban contratada hasta el 31 de diciembre, lo que generó una convicción legítima de continuidad. Por ello, el órgano concluyó que la prórroga por un período menor vulneró el principio de seguridad jurídica y es contraria a derecho. En consecuencia, acogió la reconsideración, reconsideró el dictamen anterior y ordenó a la universidad pagar las remuneraciones del período en que la funcionaria estuvo separada indebidamente, entre el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2011.