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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Universidad Metropolita…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación puede prorrogar la vigencia de contrataciones a honorarios hasta el 31 de diciembre de cada año. El órgano recordó que el personal a honorarios no es funcionario público y que su relación con la Administración se rige principalmente por el respectivo convenio, según el artículo 11 de la ley N° 18.834. Precisó que ese vínculo no responde a una libertad contractual absoluta, sino que debe orientarse a la satisfacción de necesidades públicas, con respeto a los principios de eficiencia, eficacia y correcta administración de los medios públicos de la ley N° 18.575. Concluyó que no existe impedimento para que la universidad modifique las condiciones acordadas, siempre que las nuevas labores puedan contratarse bajo esa modalidad, debiendo materializarse en la correspondiente modificación de los convenios.

Normas citadas

  • ley 18834 art/11 inc/fin
  • ley 18575 art/3 inc/1
  • ley 18575 art/5
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Las personas contratadas a honorarios en un servicio público son funcionarios públicos?

No, según este dictamen de la Contraloría, el personal a honorarios no es funcionario público y su relación con la Administración se rige principalmente por el respectivo convenio, conforme al artículo 11 de la ley N° 18.834.

¿Puede una universidad estatal modificar las condiciones de un contrato a honorarios ya suscrito?

Sí, la Contraloría concluyó que no existe impedimento para modificar las condiciones acordadas, siempre que las nuevas labores puedan contratarse a honorarios y la modificación se formalice en el convenio correspondiente.

¿Los contratos a honorarios en la Administración tienen libertad contractual absoluta?

No, este dictamen precisa que el vínculo a honorarios no responde a una libertad contractual absoluta, sino que debe orientarse a satisfacer necesidades públicas, respetando los principios de eficiencia, eficacia y correcta administración de los medios públicos de la ley N° 18.575.

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