Resumen
La Corte de Apelaciones acogió el recurso del Ministerio Público y revocó la sentencia absolutoria dictada por el Juez de Garantía respecto de dos acusados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. El tribunal de primera instancia había absuelto por estimar que el delito no estaba suficientemente acreditado, al constar solo la aceptación de los hechos por los imputados. La Corte, en cambio, consideró que el artículo 43 de la Ley N° 20.000 no exige que el análisis químico sea el único medio probatorio, por lo que la prueba de campo, realizada bajo condiciones estandarizadas y criterios científicos, constituye también un medio válido. Así, junto con la aceptación de los hechos, existió otra prueba que, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, permitió acreditar los hechos de la acusación. En consecuencia, condenó a cada acusado como autor del delito del artículo 4° de la Ley N° 20.000, en grado consumado, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, suspensión de cargo u oficio público, multa de 10 UTM y comiso de la droga, concediéndoles el beneficio de la remisión condicional de la pena.