El Tribunal Constitucional acogió parcialmente una acción de inaplicabilidad por incons…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2012
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que su imposición es facultad del juez, sujeta a requisitos legales. Se reafirmó que la política criminal es competencia del legislador dentro de límites constitucionales y que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no crea derechos subjetivos a penas alternativas. No existe un derecho constitucional a dichas penas, y el legislador puede restringirlas según la gravedad del delito, como en el control de armas, que tiene mandato constitucional específico. No se configuró discriminación arbitraria ni afectación al principio de proporcionalidad, pues el juez conserva facultades para aplicar atenuantes y agravantes. El tribunal remitió la sentencia a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadActividades De Los Partidos PolíticosAdministracion PublicaConstitucionalidad De Auto AcordadosConstitucionalidad De Decreto O Resolución Del Presidente De La RepúblicaConstitucionalidad De Decreto Supremo
Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas se aplican automáticamente en Chile o depende del juez?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que las penas sustitutivas no operan de forma automática, sino que su imposición es facultad del juez, sujeta a los requisitos que fija la ley.
¿Existe un derecho constitucional a obtener penas alternativas a la privativa de libertad?
En este caso, el Tribunal sostuvo que no existe un derecho constitucional a penas sustitutivas y que el legislador puede restringirlas según la gravedad del delito, como ocurre en materia de control de armas, que tiene mandato constitucional específico.
¿Puede el legislador limitar el acceso a penas sustitutivas sin vulnerar la igualdad o la proporcionalidad?
En este caso, el Tribunal concluyó que no hubo discriminación arbitraria ni afectación al principio de proporcionalidad, porque el juez conserva facultades para aplicar atenuantes y agravantes al determinar la pena.
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