La Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano haiti…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano haitiano contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado su solicitud de residencia definitiva y ordenado su abandono del país con prohibición de ingreso por no acreditar el pago de multas por residencia irregular. El tribunal consideró que la Administración incumplió su deber de proteger los derechos humanos de los extranjeros y de asegurar un procedimiento racional y justo, conforme a los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325, al basar su decisión en consideraciones puramente formales sin ponderar el arraigo familiar, laboral y social del amparado. Por ello, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, dejó sin efecto los actos administrativos impugnados, la orden de abandono y la prohibición de ingreso, y ordenó otorgar un nuevo plazo de 90 días para acompañar la documentación requerida, debiendo pronunciarse nuevamente con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Normas citadas
Ley 21325 art. 7
Ley 21325 art. 3
Autoridad migratoriaProcedimiento racional y justoProhibición de ingreso al paísAmparos extranjeríaAcción de amparoOrden de abandono del paísServicio nacional de migracionesPromoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia
Preguntas frecuentes
¿Qué deben considerar las autoridades migratorias antes de rechazar una residencia a un extranjero en Chile según la Ley 21.325?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la Administración debe proteger los derechos humanos de los extranjeros y asegurar un procedimiento racional y justo, conforme a los artículos 3 y 7 de la Ley N° 21.325. Debe ponderar el arraigo familiar, laboral y social antes de decidir, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
¿Es procedente el recurso de amparo contra una resolución migratoria que rechaza la residencia definitiva de un extranjero?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones. Revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y dejó sin efecto los actos administrativos impugnados, ordenando que la Administración se pronuncie nuevamente.
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