La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo de la indemnizació…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo de la indemnización por mayores gastos generales prevista en el artículo 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en un contrato de obra ejecutado por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El organismo de control determinó que, para calcular dicha indemnización, debe considerarse el monto inicial del contrato incluyendo las utilidades y gastos generales ofertados por la contratista, pues son sumas que esta tiene derecho a incorporar a su patrimonio. En cambio, ratificó la exclusión del IVA y de los valores proforma, por no corresponder al contratista. Además, precisó que la jurisprudencia invocada por el servicio se refería a una norma reglamentaria distinta, por lo que no resultaba aplicable. En consecuencia, ordenó ajustar la actuación del servicio e informar a la Contraloría Regional en un plazo de 15 días.
Normas citadas
dto 236/2002 vivie art/90
dto 236/2002 vivie art/89
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la indemnización por mayores gastos generales en un contrato de obra pública regido por el decreto 236 de 2002?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el monto inicial del contrato para calcular la indemnización debe incluir las utilidades y gastos generales ofertados por el contratista, porque son sumas que este tiene derecho a incorporar a su patrimonio.
¿Se debe incluir el IVA y los valores proforma al calcular la indemnización por mayores gastos generales?
No. En este caso, la Contraloría ratificó la exclusión del IVA y de los valores proforma en el cálculo, por no corresponder al contratista.
¿Puede un servicio aplicar jurisprudencia previa de la Contraloría para calcular la indemnización por mayores gastos generales?
En este caso, la Contraloría precisó que la jurisprudencia invocada por el servicio se refería a una norma reglamentaria distinta, por lo que no era aplicable, y ordenó ajustar la actuación del servicio.
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