El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua dictó sentencia en un caso por infracció…
Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2022
Resumen
El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua dictó sentencia en un caso por infracción a la Ley N°19.496 de protección al consumidor, originado en un cargo fraudulento con tarjeta de crédito. El tribunal condenó al proveedor financiero por infringir los artículos 3° primera parte letra d), 12 y 23 de dicha ley, imponiéndole una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, con reclusión nocturna como sustitución si no se paga. Además, acogió la demanda civil presentada por el consumidor, ordenando al proveedor eliminar la compra impugnada y todos los cargos y cobros asociados, y pagar indemnizaciones por daño emergente y daño moral, con los reajustes e intereses correspondientes. El fallo condenó también al proveedor al pago de las costas de la causa.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me hacen un cargo fraudulento con mi tarjeta de crédito y el proveedor no responde?
En este caso, el tribunal condenó al proveedor financiero por infringir la Ley 19.496, al no hacerse cargo de un cargo fraudulento con tarjeta de crédito, y ordenó eliminar la compra y los cobros asociados.
¿Qué indemnización corresponde al consumidor por un cobro indebido en la tarjeta de crédito?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil y ordenó al proveedor pagar indemnizaciones por daño emergente y daño moral, con reajustes e intereses, además de las costas.
¿Qué sanción puede recibir un proveedor financiero que infringe la Ley del Consumidor por un cargo no reconocido?
En este caso, el tribunal le impuso una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, con reclusión nocturna como sustitución si no se paga, por infringir los artículos 3, 12 y 23 de la Ley 19.496.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.