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El Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó acogió parcialmente una denuncia infracci…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE COPIAPO · 2021

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó acogió parcialmente una denuncia infraccional y demanda civil por infracción a la Ley del Consumidor contra una empresa de tarjetas de crédito. Se discutía la falta de capacidad activa del Servicio Nacional del Consumidor, que fue rechazada, y los cobros indebidos no reconocidos por el consumidor. El tribunal condenó a la empresa al pago de una multa de tres unidades tributarias mensuales por infringir los artículos 15 y 23 de la Ley N° 19.496, y acogió la demanda civil, ordenando pagar una indemnización de $540.000 por daño material y $100.000 por daño moral, reajustables según el IPC, sin intereses. Se remitió copia al Ministerio Público por posibles conductas penales asociadas al uso fraudulento.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
  • Ley 19.496, Art. 12
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuiciosSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿El Servicio Nacional del Consumidor tiene legitimación activa para denunciar infracciones a la Ley del Consumidor?

En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Copiapó rechazó la excepción que cuestionaba la capacidad activa del Servicio Nacional del Consumidor, por lo que la denuncia infraccional siguió su curso.

¿Qué pasa si una empresa de tarjetas de crédito realiza cobros que el consumidor no reconoce?

En este caso, el tribunal condenó a la empresa al pago de una multa de tres unidades tributarias mensuales por infringir los artículos 15 y 23 de la Ley N° 19.496 y, además, la obligó a indemnizar daño material y daño moral al consumidor.

¿Qué indemnizaciones puede obtener un consumidor por cobros indebidos en su tarjeta de crédito?

En este caso, se acogió la demanda civil y se ordenó pagar una indemnización por daño material y otra por daño moral, reajustables según el IPC y sin intereses. Además, se remitió copia al Ministerio Público por posibles conductas penales asociadas al uso fraudulento.

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