Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de desahucio presentada por una funcionaria que trabajó en distintas instituciones de educación superior. Respecto del período prestado en la Universidad de Santiago de Chile, el organismo resolvió que no procedía el beneficio, porque al ingresar a esa casa de estudios la funcionaria quedó afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, que no contempla desahucio. Además, al cesar en el cargo que mantenía en el Instituto Profesional de Osorno, el derecho al desahucio ya había prescrito conforme al artículo 382 del DFL N° 338, de 1960. Por ello, las cotizaciones efectuadas al Fondo de Desahucio durante ese período fueron erróneas, y se ordenó la restitución de las cantidades descontadas indebidamente, previa entrega de una relación detallada de los descuentos por parte del ex empleador.