Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una ex técnica de la Universidad del Bíobío, quien pedía el pago del desahucio por un cargo que desempeñó en esa casa de estudios. El organismo fiscalizador determinó que el beneficio era improcedente, porque el cargo por el cual se solicitaba fue ejercido con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto Administrativo de la ley N° 18.834, que derogó las normas sobre desahucio, salvo para los funcionarios comprendidos en su artículo transitorio. Además, durante ese período no se le efectuaron descuentos para desahucio, por lo que tampoco correspondía devolución alguna. Respecto de un período anterior, la Contraloría recordó que ya se le había otorgado desahucio por su condición de secretaria en la misma universidad, calculado sobre la base de los años de servicios reconocidos, considerando que la interesada se afilió al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500 y optó por no seguir cotizando en el Fondo de Seguro Social. En consecuencia, se rechazó la solicitud de pago.