Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una viuda para percibir el desahucio que le habría correspondido a su cónyuge fallecido, ex académico de la Universidad de Chile, si se hubiera retirado de la Administración Pública a la fecha de su muerte. El organismo concluyó que el causante no tenía derecho a efectuar aportes para el Fondo de Seguro Social por el cargo que desempeñó desde octubre de 1993, pues con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto Administrativo fijado por la ley N° 18.834, dicho cuerpo legal no contempla el desahucio, manteniéndolo solo para quienes estaban en servicio a la fecha de su publicación. Por ello, dispuso la restitución de las cantidades cotizadas indebidamente por el período comprendido entre octubre de 1993 y octubre de 2009, previa presentación de una relación detallada de los descuentos efectuados, extendida por la Universidad de Chile. Respecto del tiempo trabajado entre 1965 y 1989, se le había otorgado previamente el desahucio mediante la liquidación correspondiente.