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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a desahucio de un…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a desahucio de un funcionario de la Universidad de Chile que había sido desafiliado del régimen previsional del DL 3.500 y reincorporado a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. El dictamen concluyó que, al haber ingresado el funcionario a la Universidad en 1987, es decir antes del 23 de septiembre de 1989, fecha de vigencia de la Ley 18.834, mantiene el derecho a desahucio, conforme al D.F.L. 338 de 1960, para el período en que estuvo afiliado al régimen del DL 3.500. Por ello, la Administradora de Fondos de Pensiones deberá transferir los fondos necesarios desde la cuenta individual a la institución del régimen antiguo que corresponda, según liquidación de esta última. Si el saldo no alcanza, el funcionario deberá pagar las diferencias, pudiendo acogerse a facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades, cuya concesión corresponde al Instituto de Previsión Social.

Normas citadas

  • DFL 338/60 art/102
  • DFL 338/60 art/103
  • dl 3500/80
  • ley 18225 art/1
  • ley 18225 art/2 inc/1
  • ley 18834
  • ley 18225 art/2 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Mantiene un funcionario público el derecho a desahucio si fue desafiliado del régimen del DL 3.500 y reincorporado al antiguo régimen previsional?

Sí. En este caso, la Contraloría sostuvo que, al haber ingresado el funcionario a la Universidad de Chile antes de la vigencia de la Ley 18.834, mantiene el derecho a desahucio conforme al D.F.L. 338 de 1960 por el período en que estuvo afiliado al régimen del DL 3.500.

¿Cómo se paga el desahucio cuando el funcionario estuvo afiliado al régimen del DL 3.500 y el saldo de su cuenta individual es insuficiente?

En este caso, la Administradora de Fondos de Pensiones debe transferir los fondos necesarios desde la cuenta individual a la institución del régimen antiguo, según la liquidación de esta última. Si el saldo no alcanza, el funcionario debe pagar la diferencia, pudiendo acogerse a facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades.

¿Quién decide si el funcionario puede pagar en cuotas la diferencia del desahucio no cubierta por los fondos previsionales?

En este caso, la Contraloría indicó que la concesión de las facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades corresponde al Instituto de Previsión Social.

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