Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho a desahucio de un funcionario de la Universidad de Chile que había sido desafiliado del régimen previsional del DL 3.500 y reincorporado a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. El dictamen concluyó que, al haber ingresado el funcionario a la Universidad en 1987, es decir antes del 23 de septiembre de 1989, fecha de vigencia de la Ley 18.834, mantiene el derecho a desahucio, conforme al D.F.L. 338 de 1960, para el período en que estuvo afiliado al régimen del DL 3.500. Por ello, la Administradora de Fondos de Pensiones deberá transferir los fondos necesarios desde la cuenta individual a la institución del régimen antiguo que corresponda, según liquidación de esta última. Si el saldo no alcanza, el funcionario deberá pagar las diferencias, pudiendo acogerse a facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades, cuya concesión corresponde al Instituto de Previsión Social.