El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un particular contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un particular contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que buscaba acceder a antecedentes sobre proyectos de instalación eléctrica en un inmueble. El órgano requerido sostuvo que el instalador no está obligado a adjuntar memorias de cálculo o explicativas, por lo que tales documentos no existen, y acompañó el acta de búsqueda correspondiente. El Consejo recordó que la Ley de Transparencia solo hace pública la información que efectivamente obra en poder de los órganos de la Administración, y que no puede exigirse la entrega de información inexistente. Al no haber antecedentes que condujeran a una conclusión distinta, la decisión fue unánime. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir vía Ley de Transparencia documentos que el órgano dice que no existen?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo porque la Ley de Transparencia solo alcanza la información que efectivamente obra en poder de la Administración, y no puede exigirse la entrega de información inexistente. La Superintendencia acreditó con un acta de búsqueda que las memorias de cálculo no existían.
¿Un instalador eléctrico está obligado a entregar memorias de cálculo o memorias explicativas de sus proyectos?
En este caso, el órgano requerido sostuvo que el instalador no está obligado a adjuntar memorias de cálculo o explicativas, por lo que no existían, y el Consejo consideró que no había antecedentes que llevaran a una conclusión distinta.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos.
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