Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de patente municipal a sociedades de inversión, mediante el dictamen N° 27.677, de 2010. El organismo sostiene que los municipios deben verificar, con base en la jurisprudencia aplicable, si existe actividad que configure el hecho gravado del artículo 23 del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, usando los antecedentes que entregue el interesado y sus propios mecanismos de fiscalización. Asimismo, indica que a partir del 25 de mayo de 2010 hubo un cambio de criterio, que rige desde el 1 de julio de 2010, y que sólo produce efectos hacia el futuro, en resguardo de la seguridad jurídica. Finalmente, declara que el dictamen se encuentra vigente y es obligatorio para las municipalidades, recordando que los dictámenes son vinculantes para los servicios fiscalizados, sin perjuicio de la solicitud de reconsideración pendiente de resolución.