Resumen
La Contraloría General de la República confirmó un dictamen que sostiene que la inversión pasiva no está afecta al pago de patente municipal, mientras que las actividades que presten algún servicio sí lo están, por tratarse de actividades terciarias gravadas por los artículos 23 y 24 del decreto ley N° 3.063, de 1979. Al resolver las reconsideraciones, el organismo recordó que lo previsto en el artículo 6° de la ley N° 10.336 no es aplicable al control previo de juridicidad, que las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional solo producen efectos en los juicios en que se soliciten, y que no existía deber de abstención. Además, dispuso que el nuevo criterio rige solo hacia el futuro, desde el 1 de julio de 2010, en resguardo de la seguridad jurídica, dejando sin efecto la jurisprudencia contraria desde esa fecha.