La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad del Fisco de Chile…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad del Fisco de Chile y dejó sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba a Gendarmería entregar la hoja de vida y antecedentes de feriados y ausencias de un funcionario. El tribunal consideró que la divulgación de esa información podía ser utilizada por el crimen organizado para afectar la seguridad penitenciaria y nacional, configurándose la causal de reserva del N°5 del artículo 21 de la Ley N°20.285. En consecuencia, no se hizo lugar al amparo de acceso a la información solicitado.
Normas citadas
Ley 20.285
Ley 19.628
Decreto ley N° 2859
acceso a la información públicaprotección de datos personalesseguridad nacionalseguridad penitenciariareserva de información
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar la hoja de vida de un funcionario de Gendarmería si el crimen organizado podría usarla para afectar la seguridad penitenciaria?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo del Fisco y dejó sin efecto la orden del Consejo para la Transparencia de entregar esa información. El tribunal estimó que su divulgación podía afectar la seguridad penitenciaria y nacional, configurándose la causal de reserva del N°5 del artículo 21 de la Ley N°20.285.
¿Puede el Consejo para la Transparencia ordenar la entrega de antecedentes sobre feriados y ausencias de funcionarios públicos?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del Consejo que ordenaba a Gendarmería entregar antecedentes de feriados y ausencias de un funcionario. El tribunal consideró que concurría una causal de reserva, por lo que no hizo lugar al amparo de acceso a la información.
¿Cuándo puede negarse el acceso a la información pública por afectar la seguridad nacional según la Ley 20.285?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la reserva por afectar la seguridad nacional, prevista en el N°5 del artículo 21 de la Ley N°20.285, justificaba negar la información solicitada. Para ello valoró que su divulgación podía ser utilizada por el crimen organizado para afectar la seguridad penitenciaria.
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