La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo de ilegalidad presentado por el C…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba a Gendarmería de Chile entregar una nómina de sus funcionarios. El tribunal dejó sin efecto dicha orden y rechazó el amparo de acceso a la información, por considerar que la publicidad de esos datos afecta la seguridad del personal penitenciario. La sentencia aplicó las causales de reserva de los numerales 1, 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, concluyendo que la divulgación supondría una amenaza real para bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, en virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y finalidad.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 2.859
Decreto Ley N° 2.859
Artículo 21 de la Ley N° 20.285
Ley N° 19.628
Ley N° 21.209
Ley de TransparenciaLey N°20.285Causales de reservaArtículo 21 N°1, N°2, N°3 y N°5Quórum calificadoDecreto Ley N°2.859Gendarmería de ChileSeguridad del personal
Preguntas frecuentes
¿Puede un ciudadano obtener la nómina de funcionarios de Gendarmería de Chile mediante la Ley de Transparencia?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la orden del Consejo para la Transparencia y rechazó el amparo, por considerar que divulgar esos datos afecta la seguridad del personal penitenciario.
¿Qué causales de reserva del artículo 21 de la Ley N° 20.285 permiten negar el acceso a información sobre el personal de un servicio público?
La sentencia aplicó los numerales 1, 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, concluyendo que la publicidad supondría una amenaza real para bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.
¿Cómo se aplica el principio de proporcionalidad al negar acceso a información pública por seguridad?
El tribunal sostuvo que la reserva debía ajustarse a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y finalidad, y concluyó que en este caso la divulgación de la nómina generaba un riesgo concreto para el personal.
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