Resumen
La Contraloría General de la República representó el decreto N° 38, de 2015, del Ministerio de Salud, que contrataba a honorarios a una persona que registraba tres condenas por falsificación y conducción en estado de ebriedad, lo que la inhabilitaba para prestar servicios en la Administración del Estado. El organismo concluyó que, pese a que las penas estuvieran cumplidas o prescritas, mientras no se eliminaran los antecedentes penales mediante los procedimientos legales correspondientes, la persona no podía ser contratada por un órgano público.