Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de reconsideración de un dictamen que había devuelto sin tramitar la resolución que designaba a una persona como administrativo a contrata en el Fondo Nacional de Salud, por no cumplir el requisito del artículo 12, letra f), de la ley N° 18.834, que exige no hallarse condenado por crimen o simple delito. El solicitante alegaba que, con posterioridad a ese pronunciamiento, se había eliminado su anotación en el registro de condenas conforme al reglamento de prontuarios penales. El organismo concluyó que, a la fecha del dictamen original, el interesado estaba inhabilitado, por lo que este estaba ajustado a derecho. Sin perjuicio de ello, precisó que la eliminación de antecedentes lo habilita para ingresar en el futuro a un empleo regido por el Estatuto Administrativo, debiendo considerarse como si nunca hubiese sido condenado, siempre que reúna los demás requisitos. En consecuencia, rechazó la petición y confirmó el oficio impugnado.