La Contraloría General de la República ratifica su dictamen N° 102.110 de 2015, en el c…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República ratifica su dictamen N° 102.110 de 2015, en el cual declinó pronunciarse sobre la solicitud de un trabajador relativa a la cobertura de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ello, por cuanto los hechos alegados se refieren a aspectos técnicos y a la aplicación e interpretación de dicha ley, materias cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), conforme a los artículos 30 de la Ley N° 16.395 y 48 de la Ley N° 20.255. La SUSESO reiteró que la patología del solicitante fue calificada como de origen común, no laboral, por tratarse de afecciones degenerativas, y que el informe presentado no fue relevante para resolver su caso. En consecuencia, la Contraloría se ratifica en su decisión previa de no intervenir en asuntos técnicos de seguridad social.
Normas citadas
ley 16395 art/30
ley 20255 art/48
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la cobertura de la Ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
En este caso, la Contraloría declinó pronunciarse y ratificó su dictamen previo, porque los hechos alegados son aspectos técnicos y de aplicación de la Ley 16.744, materias que corresponden exclusivamente a la Superintendencia de Seguridad Social.
¿Quién debe calificar si una enfermedad es de origen laboral o común según la Ley 16.744?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social calificó la patología del solicitante como de origen común, no laboral, por tratarse de afecciones degenerativas, conforme a su competencia exclusiva en la materia.
¿Qué ocurre si un trabajador reclama ante la Contraloría por una calificación de enfermedad profesional?
En este caso, la Contraloría no intervino en el asunto técnico de seguridad social y mantuvo su decisión de no pronunciarse, remitiendo la materia a la Superintendencia de Seguridad Social.
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