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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideraci…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideración de la Municipalidad de Loncoche respecto de la resolución N° 3.810 de 2010, que le ordenó reintegrar a sus funcionarios las sumas pagadas por concepto de incremento previsional. La entidad sostuvo que cumplir esa resolución implicaría desatender lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Temuco en un recurso de protección presentado por funcionarios municipales, incurriendo en el delito de desacato. Al analizar los antecedentes, el organismo constató que la sentencia judicial acogió el recurso solo en cuanto la municipalidad no podía descontar lo pagado conforme al dictamen N° 8.466 de 2008, fallo confirmado por la Corte Suprema, y que la entidad ya había pagado el incremento calculado conforme a la normativa de la Contraloría. Por ello, el organismo dejó sin efecto la resolución N° 3.810 de 2010, por considerar que su cumplimiento podría implicar el desacato de una sentencia judicial ejecutoriada.

Normas citadas

  • dl 3501/80 art/2
  • ley 10336 art/67 inc/1
  • cpc art/240 Res 3510/2010 contr
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría ordenar a un municipio reintegrar sumas pagadas a funcionarios si esa orden contradice una sentencia judicial ejecutoriada?

En este caso, la Contraloría dejó sin efecto su resolución que ordenaba reintegrar sumas, porque cumplirla podría implicar desacato de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmada por la Corte Suprema. El fallo judicial solo prohibía descontar lo pagado conforme a un dictamen previo, y la municipalidad ya había pagado el incremento según la normativa del organismo.

¿Qué efecto tiene una sentencia de protección que acoge el recurso solo en parte sobre una orden administrativa de reintegro de pagos previsionales?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la sentencia acogió el recurso únicamente en cuanto la municipalidad no podía descontar lo pagado conforme al dictamen N° 8.466 de 2008, por lo que el organismo revisó si el reintegro ordenado quedaba comprendido en lo resuelto judicialmente. Constató que el incremento ya se había pagado conforme a su normativa y, por eso, dejó sin efecto la resolución que exigía el reintegro.

¿Cuándo procede la reconsideración de una resolución de la Contraloría que ordena reintegros a funcionarios municipales?

En este caso, la Municipalidad de Loncoche solicitó reconsiderar la resolución N° 3.810 de 2010, y la Contraloría la acogió al analizar los antecedentes. El organismo la dejó sin efecto por considerar que su cumplimiento podría implicar desacato de una sentencia judicial ejecutoriada.

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