La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la situación de funcionarios…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la situación de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que fueron condenados por un delito, con penas de suspensión del cargo y multa, y que no cesaron en sus empleos. El dictamen señala que, conforme al artículo 64 de la ley N° 18.575, la inhabilidad sobreviniente para continuar en el servicio público se produce por la existencia de una sentencia condenatoria por crimen o simple delito, sin distinguir según la entidad de la pena. Por lo tanto, los funcionarios afectados debieron renunciar a sus cargos dentro de los diez días siguientes a la condena. Al no haberlo hecho, resulta procedente el proceso disciplinario para determinar el incumplimiento de esa obligación y la pérdida del requisito de permanencia en la Administración Pública.
Normas citadas
ley 18575 art/64
ley 18575 art/54 lt/c
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un funcionario público condenado por crimen o simple delito debe renunciar a su cargo aunque la pena sea solo suspensión y multa?
Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí. La inhabilidad sobreviniente se produce por cualquier sentencia condenatoria por crimen o simple delito, sin distinguir según la entidad de la pena, por lo que el funcionario debió renunciar dentro de los diez días siguientes a la condena.
¿Qué ocurre si un funcionario de la Policía de Investigaciones condenado no renuncia a su cargo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, al no renunciar, resulta procedente iniciar un proceso disciplinario para determinar el incumplimiento de esa obligación y la pérdida del requisito de permanencia en la Administración Pública.
¿Qué dice la Contraloría sobre la inhabilidad de funcionarios públicos condenados penalmente según la ley 18.575?
La Contraloría indicó que, conforme al artículo 64 de la ley N° 18.575, la inhabilidad sobreviniente para continuar en el servicio público se configura por una sentencia condenatoria por crimen o simple delito, sin distinguir según la entidad de la pena.
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