Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, quien impugnaba su cese y las decisiones de la Comisión Médica de esa institución. El organismo señaló que, si bien la administración tiene dos años para dejar sin efecto actos contrarios a la ley, en este caso ese plazo ya había transcurrido, por lo que no era posible anular el cese. Respecto a la Comisión Médica, indicó que es el único órgano competente para evaluar la capacidad física de los funcionarios, sin que la Contraloría pueda revisar sus fundamentos clínicos. En cuanto a la solicitud de sumario, determinó que corresponde a la autoridad de la policía decidir si procede. Sobre la indemnización de perjuicios, señaló que es una materia litigiosa de competencia de los tribunales de justicia. Finalmente, se abstuvo de pronunciarse sobre las peticiones presentadas por una apoderada, por no haber acreditado su representación.