Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exfuncionaria de Carabineros de Chile, quien pidió la invalidación de su desvinculación y de la resolución de la Comisión Médica Central que declaró su imposibilidad física. El dictamen analizó el plazo de dos años que establece el artículo 53 de la Ley N° 19.880 para invalidar actos administrativos contrarios a derecho, contado desde su notificación o publicación. Se determinó que la resolución que ordenó su cese fue notificada personalmente el 20 de febrero de 2013, y la solicitud de invalidación se presentó el 9 de marzo de 2015, por lo que el plazo de dos años ya había transcurrido, impidiendo dejar sin efecto el acto. Respecto a la falta de consulta sobre su conformidad con el cese, se señaló que la ley no exige la anuencia del destinatario. En cuanto a la omisión de indicar los recursos procedentes, se concluyó que no constituye un vicio esencial que afecte la validez del acto. Sobre la notificación de la resolución médica, se verificó que fue realizada mediante carta certificada enviada a su domicilio el 2 de febrero de 2013, por lo que se rechazó su pretensión.