El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chil…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra Carabineros de Chile, que había denegado la entrega de la hoja de vida de un funcionario por no haber logrado notificar al tercero interesado su derecho a oponerse. El Consejo ordenó entregar la información, tarjando los datos personales de contexto, como antecedentes de identificación, domicilio, teléfono, correo electrónico particular, datos físicos, patologías médicas y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, que deben ser especificadas. Fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional, y citó criterios de decisiones anteriores. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada la decisión para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano público negar la entrega de la hoja de vida de un funcionario por no haber notificado al tercero para que se oponga?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la información, rechazando que la falta de notificación al tercero justificara la denegación de Carabineros de Chile.
¿Qué datos de una hoja de vida de un funcionario público deben tacharse antes de entregarla por transparencia?
El Consejo ordenó tachar los datos personales de contexto, como identificación, domicilio, teléfono, correo electrónico particular, datos físicos y patologías médicas, y entregar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, que deben especificarse.
¿Contra qué decisión del Consejo para la Transparencia procede reclamo y ante qué tribunal?
En este caso, el Consejo señaló que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y fijó un plazo de cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega.
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