La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado político que pidió el reconocimiento de una pensión no contributiva por gracia. El organismo señaló que, conforme a la ley N° 19.234 y a la jurisprudencia administrativa, la facultad de calificar el carácter político de la exoneración y otorgar los beneficios respectivos es atribución exclusiva del Presidente de la República, ejercida a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Aunque el peticionario ya obtuvo la declaración de exonerado político, corresponde a dicha autoridad ponderar si cumple los requisitos legales para la prestación. Por ello, se devolvieron los expedientes acompañados para que la autoridad competente resuelva.
Normas citadas
ley 19234 art/9
ley 19234 art/10
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Quién decide si un exonerado político tiene derecho a una pensión no contributiva por gracia en Chile?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que esa facultad es atribución exclusiva del Presidente de la República, ejercida a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por eso devolvió los antecedentes a esa autoridad para que resuelva.
¿Basta con haber sido declarado exonerado político para obtener una pensión no contributiva por gracia?
En este caso, la Contraloría precisó que, aunque el peticionario ya tenía la declaración de exonerado político, corresponde a la autoridad competente ponderar si cumple los requisitos legales para la prestación. La declaración no garantiza por sí sola el beneficio.
¿Puede la Contraloría otorgar directamente una pensión por gracia a un exonerado político?
En este caso, la Contraloría no otorgó el beneficio, sino que se pronunció sobre la competencia y devolvió los expedientes acompañados a la autoridad que debe resolver la solicitud conforme a la ley N° 19.234.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.