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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado político que pidió agilizar el otorgamiento de una pensión no contributiva. El Instituto de Previsión Social remitió el expediente al Ministerio del Interior, pero la O.E.P. informó que la carpeta estaba archivada por falta de antecedentes que acreditaran el vínculo laboral y el cese de servicios. La Contraloría señaló que, conforme al artículo 10 de la ley N° 19.234, la calificación de la exoneración y la concesión de beneficios son facultad privativa del Presidente de la República, y que al no constar los requisitos, no procede la intervención del organismo fiscalizador. Se remitió copia de un oficio ministerial para que el recurrente complete sus antecedentes.

Normas citadas

  • Ley 19234 art/10
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría intervenir para acelerar la concesión de una pensión no contributiva a un exonerado político?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, según el artículo 10 de la ley N° 19.234, la calificación de la exoneración y la concesión de beneficios son facultad privativa del Presidente de la República. Como no constaban los requisitos, no procedía su intervención.

¿Qué ocurre si la carpeta de un exonerado político está archivada por falta de antecedentes del vínculo laboral y del cese de servicios?

En este caso, la carpeta fue archivada por falta de antecedentes que acreditaran el vínculo laboral y el cese de servicios. La Contraloría indicó que se remitió copia de un oficio ministerial para que el recurrente completara sus antecedentes.

¿Quién decide la calificación de la exoneración política y la concesión de beneficios previsionales según la ley N° 19.234?

En este caso, la Contraloría General de la República señaló que el artículo 10 de la ley N° 19.234 atribuye esa facultad de manera privativa al Presidente de la República. Por ello, el organismo fiscalizador no intervino en el procedimiento.

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