Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de revisar el fondo de la decisión de la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que había rechazado la solicitud de un ex funcionario de la antigua Corporación de Obras Urbanas para ser reconocido como exonerado político. El organismo fundó su decisión en que, según los artículos 3°, 9° y 10 de la ley N° 19.234, la calificación del carácter político de la exoneración corresponde en forma privativa al Presidente de la República, a través de ese Ministerio, por lo que la Contraloría carece de competencia para revisar la resolución adoptada. Para ello citó su jurisprudencia administrativa, contenida en el dictamen N° 37.194, de 1994.