Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la asignación de responsabilidad que percibía un profesional funcionario de un servicio de salud. Según el dictamen, esta asignación busca retribuir tareas efectivamente ejecutadas, y en el caso se concluyó que el funcionario la recibió por su jefatura de la Unidad de Emergencia Pediátrica, sin que constaran otras funciones que justificaran el beneficio. Como las labores de jefatura terminaron el 30 de junio de 2008, el organismo determinó que la solicitud de reintegro de las rentas pagadas con posterioridad a esa fecha se ajustaba a derecho. Además, el dictamen indicó que el afectado puede pedir la condonación total o parcial de la deuda o facilidades para su restitución conforme al artículo 67, inciso final, de la ley N° 10.336. Respecto de consultas genéricas sobre funciones actuales, no se emitió pronunciamiento, y las solicitudes de copias de resoluciones debían canalizarse ante el Consejo para la Transparencia.