La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una beneficiaria con…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de una beneficiaria contra el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU) que la excluyó de un subsidio habitacional del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. El dictamen concluyó que la exclusión se ajustó a la reglamentación vigente, específicamente al artículo 15, letra a), del decreto N° 49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que impide postular a personas cuyo cónyuge sea propietario de una vivienda. Se constató que el cónyuge de la recurrente adquirió un inmueble el 15 de junio de 2012, antes del otorgamiento del subsidio mediante resolución exenta N° 10.587 de 26 de diciembre de 2012. Por ello, la medida de exclusión aplicada por el SERVIU fue considerada legal, desestimándose la reclamación.
Normas citadas
dto 49/2011 Vivie art/15 lt/a
dto 49/2011 Vivie art/35
dto 49/2011 Vivie art/61
DTO 105/2014 vivie
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un postulante al subsidio habitacional del Fondo Solidario ser excluido si su cónyuge es propietario de una vivienda?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que sí. El artículo 15, letra a), del decreto N° 49 de 2011 impide postular a personas cuyo cónyuge sea propietario de una vivienda, y el SERVIU aplicó legalmente la exclusión, por lo que la reclamación fue desestimada.
¿Qué pasa si el cónyuge adquiere una propiedad antes de que se otorgue el subsidio habitacional?
En este caso, el dictamen constató que el cónyuge de la recurrente adquirió un inmueble antes del otorgamiento del subsidio, lo que justificó la exclusión. La Contraloría consideró que esa circunstancia hacía aplicable la prohibición del decreto N° 49 de 2011.
¿Es legal que el SERVIU excluya a una beneficiaria de un subsidio del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la exclusión se ajustó a la reglamentación vigente, por lo que la medida fue considerada legal. Se desestimó la reclamación presentada contra el SERVIU.
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