La Contraloría General de la República ratificó su dictamen N° 100.951 de 2015, que ins…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República ratificó su dictamen N° 100.951 de 2015, que instruyó a un municipio a ajustar su presupuesto para reflejar las modificaciones propuestas por el concejo municipal y a no superar el límite legal del 20% del gasto en remuneraciones para funcionarios a contrata, establecido en el artículo 2° de la ley N° 18.883. El municipio había solicitado la reconsideración del dictamen, argumentando flexibilidad presupuestaria, pero la Contraloría desestimó el recurso, señalando que el principio de juridicidad (artículos 6° y 7° de la Constitución y artículo 2° de la ley N° 18.575) impide exceder dicho límite, incluso bajo pretexto de eficiencia o circunstancias extraordinarias. Por lo tanto, se ordenó al municipio dar estricto cumplimiento a lo instruido, bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa para los funcionarios involucrados.
Normas citadas
ley 18883 art/2 inc/4
Pol art/6
Pol art/7
ley 18575 art/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio superar el límite del 20% del gasto en remuneraciones de funcionarios a contrata para ajustar su presupuesto?
No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el principio de juridicidad impide exceder el límite legal del 20% establecido en la ley N° 18.883, incluso bajo pretexto de eficiencia o circunstancias extraordinarias. Ordenó al municipio cumplir estrictamente con ese límite.
¿Sirve pedir reconsideración a la Contraloría alegando flexibilidad presupuestaria municipal?
En este caso, no. La Contraloría desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el municipio, que alegaba flexibilidad presupuestaria, y ratificó su dictamen anterior que instruía ajustar el presupuesto al límite legal.
¿Qué consecuencias tiene para los funcionarios municipales no cumplir un dictamen de la Contraloría sobre el presupuesto?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio dar estricto cumplimiento a lo instruido, bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa para los funcionarios involucrados en el incumplimiento.
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