Resumen del criterio jurisprudencial
La resolución del Tribunal Constitucional en el establece como Ratio Decidendi que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad requiere, como condición esencial, la existencia de una gestión judicial pendiente en tramitación, conforme al artículo 84, numeral 3, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En el caso analizado, se constató que la gestión judicial había concluido y se encontraba archivada, lo que imposibilita que la eventual declaración de inaplicabilidad solicitada pueda surtir efectos en dicha gestión, siendo este un requisito indispensable para la procedencia de la acción. Asimismo, se reafirma que la expresión 'gestión pendiente' implica que el procedimiento judicial no haya concluido, y que la acción de inaplicabilidad tiene como objetivo evitar la aplicación de normas legales en casos concretos, siempre que estas puedan ser decisivas en la resolución del asunto (STC Rol N° 981, c. 4 y c. 7). Como Obiter Dicta, se menciona que la normativa constitucional y legal aplicable, en particular el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución, y el artículo 84 de la Ley N° 17.997, establece que la admisibilidad de la acción debe ser verificada por la sala respectiva, considerando la existencia de una gestión pendiente, la razonabilidad del fundamento de la impugnación y el cumplimiento de los requisitos legales. Además, se destaca que la inadmisibilidad puede ser declarada directamente por la sala respectiva cuando se detecten vicios o defectos que hagan imposible que la acción prospere, como ha sido resuelto en jurisprudencia previa (sentencias roles N°s 1890, 1878, 1860, entre otras). Finalmente, se enfatiza que la resolución que declara la inadmisibilidad no es susceptible de recurso alguno, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.