La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación que cuestiona…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación que cuestionaba la juridicidad de recepciones definitivas de obras, por haberse adjuntado en la solicitud un informe de Inspector Técnico de Obras (ITO) sin que la normativa lo exigiera. El dictamen concluyó que, conforme al artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al artículo 1.1.2 de la Ordenanza General, la presencia de un ITO solo es obligatoria para edificios de uso público con carga de ocupación superior a 100 personas. Dado que los proyectos en cuestión tenían destino vivienda y un equipamiento con carga menor, no era exigible el ITO, por lo que su sola inclusión no afecta la juridicidad de las recepciones. Además, respecto al eventual incumplimiento de normas urbanísticas del plan regulador comunal de 1939, se indicó que en esa zona rige el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, no el comunal, y no es factible el agrupamiento continuo.
Normas citadas
DFL 458/75 vivie art/143 inc/4
DTO 47/92 vivie art/1/1/2
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Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio contar con un Inspector Técnico de Obras (ITO) en todas las construcciones para recibirlas definitivamente?
No. Según este dictamen, conforme al artículo 143 de la LGUC y al artículo 1.1.2 de la Ordenanza General, el ITO solo es obligatorio en edificios de uso público con carga de ocupación superior a 100 personas. En los proyectos analizados, de destino vivienda y con equipamiento de menor carga, no era exigible.
¿La presentación de un informe de ITO en la solicitud de recepción definitiva puede invalidar esa recepción?
No necesariamente. La Contraloría concluyó que, si el ITO no era exigible, su sola inclusión en la solicitud no afecta la juridicidad de las recepciones definitivas que se otorgaron.
¿Qué plan regulador se aplica en una zona de Santiago que se cree regida por un plan comunal antiguo de 1939?
En este caso, la Contraloría indicó que en esa zona rige el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y no el plan regulador comunal de 1939. Además, aclaró que no es factible el agrupamiento continuo que se alegaba.
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