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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la di…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia relativa a la dictación de normas primarias de calidad ambiental. Señaló que dichas normas deben sujetarse a la ley N° 19.300 y su reglamento, y no al decreto N° 185 de 1991 del Ministerio de Minería, que ya no resulta aplicable. En consecuencia, no se advierte irregularidad en la actuación de los Ministerios de Salud y Minería, ni en la derogación del decreto N° 1.364 de 1994. Sin embargo, considerando que el Ministerio de Salud no ha ejercido su facultad de solicitar la dictación de una norma primaria de calidad, se le ordenó informar directamente al recurrente sobre la materia y remitir copia a la Contraloría en un plazo de 60 días hábiles. Se desestimaron las denuncias.

Normas citadas

  • dto 185/91 MINER art/5
  • dto 185/91 MINER art/8 tran
  • dto 1364/94 SALUD art/2 lt/n
  • ley 19300 art/32 inc/fin
  • ley 19300 art/70 lt/n
  • dto 38/2012 MINMA art/10 inc/1
  • ley 19300 art/32 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué normas rigen la dictación de normas primarias de calidad ambiental en Chile según la Contraloría?

En este dictamen, la Contraloría General de la República señaló que las normas primarias de calidad ambiental deben sujetarse a la ley N° 19.300 y su reglamento, y no al decreto N° 185 de 1991 del Ministerio de Minería, que ya no resulta aplicable.

¿La Contraloría puede sancionar a los Ministerios de Salud y Minería por la derogación del decreto N° 1.364 de 1994 sobre normas de calidad ambiental?

En este caso, la Contraloría no advirtió irregularidad en la actuación de los Ministerios de Salud y Minería, ni en la derogación del decreto N° 1.364 de 1994, y desestimó las denuncias formuladas.

¿Qué puede hacer la Contraloría si un ministerio no ejerce su facultad de solicitar una norma primaria de calidad ambiental?

En este dictamen, la Contraloría consideró que el Ministerio de Salud no había ejercido su facultad de solicitar la dictación de una norma primaria de calidad, por lo que le ordenó informar directamente al recurrente sobre la materia y remitir copia a la Contraloría dentro de un plazo de 60 días hábiles.

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