La Corte Suprema acogió el recurso de protección de una trabajadora contra el Banco de…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió el recurso de protección de una trabajadora contra el Banco de Chile, tras ser víctima de fraude por el hurto de su celular, con el que terceros obtuvieron créditos de consumo no autorizados por $9.000.000. El banco rechazó revertir las operaciones y solo restituyó 35 Unidades de Fomento según la Ley N° 20.009. El máximo tribunal consideró que el actuar del banco fue ilegal y arbitrario, al no cumplir con sus obligaciones de seguridad y apartarse del régimen legal, vulnerando la garantía del derecho de propiedad. Revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y ordenó al banco eliminar los créditos fraudulentos y asumir patrimonialmente todas las operaciones realizadas con cargo a ellos, en un plazo de diez días hábiles desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Normas citadas
Ley N° 20.009
fraude bancarioprotección constitucionalcréditos fraudulentosresponsabilidad bancariaconsumidoroperaciones no autorizadasseguridad informáticahurto de identidad
Preguntas frecuentes
¿Debe un banco asumir los créditos de consumo contratados con mi celular robado si yo no los autoricé?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al banco eliminar los créditos fraudulentos y asumir las operaciones realizadas con ellos, porque su actuar fue ilegal y arbitrario al apartarse del régimen de la Ley N° 20.009 y no cumplir sus deberes de seguridad.
¿Basta con que el banco me restituya una cantidad fija de UF tras un fraude con mi celular?
En este caso, la Corte Suprema estimó que restituir solo 35 Unidades de Fomento, en lugar de revertir las operaciones, no cumplía la Ley N° 20.009 y vulneró el derecho de propiedad de la afectada. Por ello, ordenó al banco hacerse cargo patrimonialmente de todas las operaciones fraudulentas.
¿Qué plazo tiene el banco para cumplir una sentencia que ordena anular créditos fraudulentos?
En este caso, la Corte Suprema ordenó al banco eliminar los créditos y asumir las operaciones en un plazo de diez días hábiles contados desde que la sentencia quede ejecutoriada. La decisión revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.
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