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La Municipalidad de Pudahuel presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribu…

Informe · 2025

Resumen

La Municipalidad de Pudahuel presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra normas de las leyes N° 19.728 y N° 17.322, en el marco de una demanda de cobro de cotizaciones previsionales interpuesta por la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile III S.A. El municipio alega que la aplicación de dichas normas genera un efecto confiscatorio sobre su patrimonio, vulnerando derechos de propiedad e igualdad ante la ley, al multiplicar la deuda previsional derivada de una relación laboral declarada judicialmente respecto de colaboradores a honorarios. El Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del procedimiento seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, para evitar la inutilidad del requerimiento mientras se resuelve la acción.

Normas citadas

  • Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997 (Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional)
  • Artículo 11, inciso 4° de la Ley N° 19.728 (Seguro de Desempleo)
  • Artículo 22, inciso 6° de la Ley N° 17.322 (Cobranza de Cotizaciones Previsionales)
  • Artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 1° de la Ley 18.120
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Preguntas frecuentes

¿Se suspende el juicio de cobro de cotizaciones mientras el Tribunal Constitucional resuelve un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del procedimiento de cobro seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, para evitar que el requerimiento quede inútil mientras se resuelve la acción. Así lo dispuso el Tribunal al tramitar el requerimiento.

¿Qué argumentos puede invocar un municipio para cuestionar la multiplicación de la deuda previsional en un cobro de cotizaciones?

En este caso, la Municipalidad de Pudahuel sostiene que la aplicación de las normas cuestionadas multiplica la deuda previsional derivada de una relación laboral declarada judicialmente, generando un efecto confiscatorio sobre su patrimonio. El resumen no recoge una decisión del Tribunal sobre esos argumentos.

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