Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Pudahuel contra determinadas normas del D.L. 3.500 y de la Ley 17.322, relativas al cobro judicial de cotizaciones previsionales con intereses, reajustes y recargos. La municipalidad, en una gestión de cobro iniciada por una AFP, sostuvo que esas normas vulneran el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. En la parte final del escrito, la requirente pidió la suspensión del procedimiento seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, argumentando que, si no se concedía, el requerimiento quedaría sin efecto, pues la deuda aún no estaba liquidada y las normas impugnadas no se habían aplicado. El escrito también incluyó la autorización para recibir notificaciones por correo electrónico y la asunción del patrocinio y poder por parte de la representación municipal.