Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario municipal de Recoleta, quien cuestionó su desvinculación anticipada de un cargo a contrata y denunció maltrato laboral y persecución política. El organismo determinó que la terminación anticipada de una designación a contrata debe disponerse mediante un acto administrativo fundado. En el caso concreto, no se objetó el decreto de desvinculación, ya que el municipio expuso motivos atendibles, como múltiples reclamos de dirigentes y contribuyentes. Sin embargo, se instruyó que en el futuro la municipalidad deberá dictar actos fundados. Respecto a la denuncia de maltrato y persecución, se desestimó por falta de antecedentes indicativos, señalando que dichas materias deben ser analizadas en instancias judiciales o sumariales. Finalmente, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre el pago de cotizaciones previsionales, remitiendo los antecedentes a la Superintendencia de Pensiones.