Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que se ajusta a derecho el cambio de funciones de una educadora diferencial, dispuesto por una municipalidad, al no requerir que su labor se limite a su especialización profesional en discapacidad intelectual. El organismo concluyó que el cambio no significó un menoscabo en su trabajo, ya que fue asignada a atender de forma transversal a alumnos con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias en enseñanza básica y media. Asimismo, se determinó que la carga horaria de 30 horas semanales asignadas a la recurrente para el año 2015, para atender a 10 alumnos con necesidades transitorias y un número por definir de estudiantes con necesidades permanentes, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 87 del decreto N° 170, de 2009, del Ministerio de Educación, que exige un mínimo de 10 horas semanales de apoyo por grupos de no más de 5 alumnos por curso.