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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación laboral de una d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación laboral de una docente que se desempeña en un proyecto de integración escolar de una comuna. Se determinó que, por realizar labores docentes especiales en un establecimiento educacional municipal, le corresponde aplicarse la ley N° 19.070 (Estatuto Docente) y no el Código del Trabajo. En consecuencia, la profesional tiene derecho a percibir las asignaciones y beneficios pecuniarios que contempla dicho estatuto, incluido el reajuste reclamado, sin que le afecte el error de la Administración. Además, se resolvió que, conforme al artículo 71 del Estatuto Docente, procede aplicar el fuero maternal establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, por lo que el empleador no puede poner término al contrato sin autorización judicial previa. El municipio debe regularizar la situación a la brevedad e informar a la Contraloría en un plazo determinado.

Normas citadas

  • ley 19070 art/1
  • ley 19070 art/2
  • ley 19070 art/25 inc/1
  • ley 19070 art/25 inc/fin
  • dto 453/91 educa art/70 inc/4 ley 19070 art/71
  • CTR art/201 inc/1
  • CTR art/174
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene derecho una docente municipal a las asignaciones del Estatuto Docente aunque la Administración haya cometido un error al determinar su régimen?

En este caso, la Contraloría concluyó que la profesional tiene derecho a percibir las asignaciones y beneficios pecuniarios del Estatuto Docente, incluido el reajuste reclamado, sin que le afecte el error de la Administración.

¿Se aplica el fuero maternal a una docente regida por el Estatuto Docente, y puede el empleador terminar su contrato sin autorización judicial?

En este caso, la Contraloría resolvió que, conforme al artículo 71 del Estatuto Docente, procede aplicar el fuero maternal del artículo 201 del Código del Trabajo, por lo que el empleador no puede poner término al contrato sin autorización judicial previa.

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