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La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por un trabajador extranjero co…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por un trabajador extranjero contra el Servicio Nacional de Migraciones, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que lo había rechazado. El recurso impugnaba la resolución que ordenó la expulsión del país por ingreso por paso no habilitado. La Corte consideró que la Administración incumplió su obligación de proteger los derechos humanos y aplicar un procedimiento racional y justo, al no ponderar adecuadamente los factores del artículo 129 de la Ley N°21.325, como la gravedad de la infracción, los antecedentes delictuales, el período de residencia y, especialmente, el arraigo laboral del amparado. Se concluyó que la medida de expulsión carecía de razonabilidad y proporcionalidad, vulnerando la libertad personal, por lo que se dejó sin efecto el acto administrativo impugnado. La decisión se adoptó con el voto en contra de dos ministras.

Normas citadas

  • Ley 21325 art. 3
  • Ley 21325 art. 129
  • Constitución Política de la República de Chile art. 21
Falta de razonabilidad de la decisiónIngreso por paso no habilitadoProcedimiento racional y justoDesproporcionalidad de la medidaProhibición de ingreso al paísAmparos extranjeríaAcción de amparoAbandono del país

Preguntas frecuentes

¿Puede el juez de amparo dejar sin efecto una orden de expulsión administrativa de un extranjero por falta de razonabilidad y proporcionalidad?

En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que lo había rechazado y dejó sin efecto la medida de expulsión. Lo hizo por considerar que la decisión administrativa no era razonable ni proporcional. La decisión se adoptó con el voto en contra de dos ministras.

¿Qué obligaciones tiene el Servicio Nacional de Migraciones al decidir la expulsión de un extranjero según la Ley 21.325 y la Constitución?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el Servicio debe proteger los derechos humanos y aplicar un procedimiento racional y justo. Al no hacerlo, incumplió dichas obligaciones, lo que llevó a dejar sin efecto la expulsión por vulnerar la libertad personal.

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