Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exfuncionaria de un servicio de salud que pretendía acceder a la bonificación por retiro voluntario regulada por la ley N° 20.612, invocando una rebaja del requisito de edad. El artículo segundo transitorio de dicha ley beneficia excepcionalmente a quienes cesaron en funciones antes de su publicación, exigiendo para ello haber cumplido más de 60 años en el caso de las mujeres y más de 65 en el de los hombres durante el período señalado. El organismo concluyó que, al ser una norma de carácter excepcional, debe aplicarse de forma restrictiva, y que la recurrente, por haber cesado antes de la vigencia de la ley, no cumplía el requisito de edad ni le era aplicable la rebaja que invocaba. En consecuencia, se ratificó el dictamen N° 57.640, de 2013, que había negado el beneficio.