Resumen
La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que analizó la situación de una funcionaria que, mientras se desempeñaba como Secretaria General del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, realizó una actividad particular como consultora en un ranking de universidades. Se determinó que dicha actividad configuró una incompatibilidad con el principio de probidad administrativa, al incidir en el ámbito de influencia de su función pública, afectando materias que debían ser analizadas o resueltas por ella o por el organismo. No obstante, dado que la funcionaria cesó en su cargo a partir del 1 de enero del año en curso, su responsabilidad administrativa se consideró extinguida, por lo que no procedió aplicar sanciones. El dictamen se fundamentó en el artículo 2° y 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1985, y en la jurisprudencia previa de la Contraloría.