Resumen
La Contraloría General de la República ratificó su dictamen N° 26.980, de 2016, que concluyó que la sanción impuesta a un funcionario de Carabineros de Chile se ajustó a derecho. El recurrente solicitó la reapertura del caso, alegando que su responsabilidad debía establecerse mediante un sumario administrativo y cuestionando su traslado de unidad. El organismo sostuvo que la jefatura tiene facultades para ponderar la gravedad de los hechos y decidir el tipo de investigación, lo que en este caso se efectuó correctamente. Respecto al traslado, señaló que no se acompañaron antecedentes que acreditaran las alegaciones y que dicha decisión corresponde a la autoridad policial según las necesidades del servicio. Además, se abstuvo de pronunciarse sobre el incumplimiento de exigencias legales en la destinación, por no haberse precisado los hechos. En consecuencia, al no presentarse nuevos antecedentes que permitieran modificar lo resuelto, se ratificó el dictamen original.