La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de facilidades…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de facilidades de pago para el reintegro de sumas percibidas indebidamente por concepto de la pensión básica solidaria de vejez e invalidez, establecida en la ley N° 20.255. La requirente actuaba en representación de sus padres, pensionados del Instituto de Previsión Social. El organismo resolvió no acceder a lo pedido, por ser inaplicable el artículo 67 de la ley N° 10.336, dado que los afectados no tienen ni han tenido la calidad de funcionarios públicos. Agregó que, según el artículo 3° del decreto ley N° 3.536, de 1980, la facultad de condonar la restitución de prestaciones de seguridad social erróneamente concedidas corresponde a los jefes superiores de las instituciones de previsión social, siendo hoy el Instituto de Previsión Social la entidad competente.
Normas citadas
ley 10336 art/67
dl 3536/80 art/3
ley 20255
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede otorgar facilidades de pago para devolver la pensión básica solidaria cobrada indebidamente si el beneficiario no es funcionario público?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió no acceder a las facilidades de pago pedidas, porque el artículo 67 de la ley N° 10.336 no es aplicable a personas que no son ni han sido funcionarios públicos. Los beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez e invalidez, de la ley N° 20.255, no tenían esa calidad.
¿Quién puede condonar la restitución de prestaciones de seguridad social otorgadas erróneamente?
Según el dictamen, el artículo 3° del decreto ley N° 3.536 de 1980 atribuye esa facultad a los jefes superiores de las instituciones de previsión social. Hoy, el Instituto de Previsión Social es la entidad competente para hacerlo.
¿Puede una persona solicitar en representación de sus padres pensionados un plan de pago por sumas recibidas indebidamente?
En este caso, la Contraloría conoció una solicitud presentada por la hija de pensionados del Instituto de Previsión Social, quien actuaba en representación de ellos. El organismo se pronunció sobre el fondo del pedido y no accedió a las facilidades de pago solicitadas.
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