Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria traspasada, por mandato de la ley N° 20.250, al régimen estatutario de la ley N° 19.378, y sobre el pago de remuneraciones que reclamaba. Respecto de la asignación prevista en la ley N° 19.813, el organismo concluyó que la peticionaria no tiene derecho a percibirla, porque su desempeño durante el año anterior al traspaso no puede considerarse para acreditar el cumplimiento de las metas fijadas para el personal sujeto a ese estatuto, ya que en ese período no tenía la calidad de funcionaria regida por la ley N° 19.378. En cuanto a las diferencias de remuneraciones adeudadas por el municipio con motivo del traspaso, la autoridad alcaldicia informó que se le debe una suma determinada y que se solicitaron los fondos al Servicio de Salud del Reloncaví, los que no habían sido recepcionados. Por ello, la Contraloría ratificó el oficio de su Sede Regional de Los Lagos y dispuso que dicho servicio de salud, conforme a los artículos 3° y 8° de la ley N° 18.575 y al principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880, adoptara a la brevedad las medidas pertinentes para entregar al municipio los recursos destinados a pagar la suma adeudada a la recurrente.