El Tercer Juzgado de Policía Local de Arica acogió una querella infraccional y demanda…
Sentencia · 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA · 2022
Resumen
El Tercer Juzgado de Policía Local de Arica acogió una querella infraccional y demanda civil por vulneración a la Ley de Protección al Consumidor, tras acreditarse cobros fraudulentos con una tarjeta de crédito. Se condenó a la entidad financiera al pago de una multa de 50 UTM por infringir los artículos 3 letra d), 12 y 23 de la ley, al no respetar las condiciones ofrecidas y actuar con negligencia causando menoscabo al consumidor. Además, se acogió la demanda civil, ordenando pagar una indemnización única de $5.498.675, reajustada según el IPC, por los perjuicios sufridos. Se impuso el pago de costas a la demandada por haber sido totalmente vencida.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un banco ser sancionado por cobros fraudulentos realizados con una tarjeta de crédito según la Ley de Protección al Consumidor?
En este caso, el Tercer Juzgado de Policía Local de Arica acogió la querella y condenó a la entidad financiera a una multa de 50 UTM por infringir los artículos 3 letra d), 12 y 23 de la Ley 19.496, al no respetar las condiciones ofrecidas y actuar con negligencia, causando menoscabo al consumidor.
¿Qué indemnización puede obtener un consumidor por cobros fraudulentos con tarjeta de crédito en Chile?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil y ordenó a la entidad financiera pagar una indemnización única, reajustada según el IPC, por los perjuicios sufridos por el consumidor a raíz de los cobros fraudulentos.
¿Quién paga las costas en un juicio de protección al consumidor por cobros fraudulentos con tarjeta?
En este caso, el tribunal impuso el pago de las costas a la entidad financiera demandada, por haber sido totalmente vencida en el juicio.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.