El Tercer Juzgado de Policía Local de Talca acogió una denuncia infraccional y demanda…
Sentencia · 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TALCA · 2023
Resumen
El Tercer Juzgado de Policía Local de Talca acogió una denuncia infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios contra un proveedor de servicios financieros, por infracción a la Ley de Protección al Consumidor. El tribunal consideró que la empresa no resolvió adecuadamente cargos no reconocidos en una tarjeta de crédito, vulnerando los artículos 3 letras b) y d) y 23 de la ley. En consecuencia, impuso una multa de 10 unidades tributarias mensuales y ordenó pagar al consumidor una indemnización total de $7.090.175, desglosada en $6.590.175 por daño patrimonial y $500.000 por daño moral, con reajustes según el IPC. No se condenó en costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Ley 19.496, Art. 23
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una empresa financiera no resuelve los cargos no reconocidos en una tarjeta de crédito según la Ley del Consumidor?
En este caso, el Tercer Juzgado de Policía Local de Talca estimó que la empresa infringió los artículos 3 letras b) y d) y 23 de la Ley 19.496 al no resolver adecuadamente los cargos no reconocidos. Impuso una multa de 10 UTM y ordenó una indemnización por daño patrimonial y moral, con reajustes según el IPC.
¿Puede un consumidor demandar indemnización de perjuicios y denunciar infracciones a la Ley 19.496 en un mismo procedimiento ante un Juzgado de Policía Local?
En este caso, el tribunal acogió tanto la denuncia infraccional como la demanda civil de indemnización de perjuicios contra el proveedor de servicios financieros. Ambas pretensiones fueron resueltas en la misma sentencia.
¿Se condena en costas a un proveedor que pierde un juicio de consumo por cargos no reconocidos?
En este caso, el tribunal no condenó en costas a la empresa, porque estimó que tuvo motivos plausibles para litigar. La condena se limitó a la multa y a la indemnización al consumidor.
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