El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra los artíc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos, por estimar que al momento de cursarse la multa impugnada dichas normas aún estaban vigentes, ya que la Ley N° 20.936 habría diferido su derogación hasta el 31 de enero de 2016. El Tribunal señaló que, de haberse acreditado la derogación, habría declarado la inaplicabilidad por resultar antijurídico aplicar normas inexistentes con fines sancionatorios. Asimismo, precisó que lo resuelto no limita la facultad de la Corte de Apelaciones de Santiago para determinar si los hechos se subsumen en las normas legales invocadas en la gestión pendiente.
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesIncompatibilidad De ParlamentarioCotizaciones previsionales
Preguntas frecuentes
¿Procede la inaplicabilidad de una norma sancionatoria de servicios eléctricos si ya fue derogada al momento de cursarse la multa?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque estimó que las normas seguían vigentes al cursarse la multa, ya que la Ley N° 20.936 había diferido su derogación. Señaló que, de haberse acreditado la derogación, habría declarado la inaplicabilidad por resultar antijurídico aplicar normas inexistentes con fines sancionatorios.
¿El fallo del Tribunal Constitucional impide a la Corte de Apelaciones revisar si los hechos encajan en las normas invocadas?
No. En este caso, el Tribunal precisó que lo resuelto no limita la facultad de la Corte de Apelaciones de Santiago para determinar si los hechos se subsumen en las normas legales invocadas en la gestión pendiente.
¿Cuándo el Tribunal Constitucional declara la inaplicabilidad de un precepto legal en una gestión judicial?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La razón fue que, al momento de cursarse la multa impugnada, esas normas aún estaban vigentes.
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