Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una petición de reconsideración respecto de decretos de la Municipalidad de Melipilla dictados en un sumario disciplinario. Declaró que no podía pronunciarse sobre la legalidad de la destitución aplicada por el decreto 153, de 2010, porque la afectada había demandado la nulidad del sumario ante un juzgado de letras, lo que impide a este organismo de control hacerlo. Respecto del decreto 154, de 2010, que impuso una suspensión de dos meses con goce del cincuenta por ciento de la remuneración, concluyó que no se ajustó a derecho, pues el fiscal sumariante no se pronunció sobre una diligencia probatoria solicitada en sus descargos, vulnerando el debido proceso. Además, indicó que, cuando se sanciona o absuelve conjuntamente a varios inculpados, debe emitirse un solo acto terminal tras resolver las reposiciones, lo que no ocurrió. Finalmente, precisó que sólo el acto terminal está sujeto a toma de razón, no el decreto 127, de 2010, que es un acto interno del sumario. Ordenó a la municipalidad subsanar la observación y restituyó los antecedentes.